Ecocidio en el Golfo de México por el Derrame de Petróleo

Creditos: a las comunidades y medios en México por mostrar la verdad en estas imágenes. 

Hay una forma particularmente grave de violencia que rara vez se nombra: aquella que se ejerce contra la Naturaleza, al reducirla a cifras, informes técnicos y comunicados cuidadosamente redactados. El reciente derrame petrolero en el Golfo de México con impactos visibles en las costas de Veracruz y Tabasco, es un ejemplo contundente de esa violencia pero, sobre todo, de la normalización institucional que la permite, y aunque todavía no se ha reconocido este derrame como un ecocidio, las evidencias se siguen ocultando.

Y no estamos frente a un accidente aislado. Lo ocurrido responde a una lógica conocida: infraestructura deteriorada, supervisión insuficiente y una reacción gubernamental más preocupada por administrar la narrativa que por contener el daño.

Los indicios del derrame comenzaron a registrarse entre el 6 y el 8 de febrero de 2026. No fue el Estado quien dio la alerta, sino imágenes satelitales y observaciones técnicas externas. Durante 69 días, el origen fue negado o atribuido a "filtraciones naturales" y "buques privados" y el crudo se expandió sin que existiera un reconocimiento claro de su origen. Fue hasta mediados de abril cuando finalmente se admitió que la fuga provenía de instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la Sonda de Campeche, cerca de la plataforma Akal-C.

Ese lapso —más de dos meses— no es un detalle menor. Es el periodo en el que el petróleo avanzó, se dispersó, penetró ecosistemas y alteró dinámicas biológicas cuya recuperación, en muchos casos, es incierta o simplemente imposible. Y aunque el impacto inicial se centró en Veracruz y Tabasco, ha alcanzado también las costas de Campeche y Tamaulipas.

Y cuando la realidad se volvió inocultable, la mancha de crudo y el daño ya se habían extendido por más de 630 kilómetros de litoral. No se trató de una mancha puntual, sino de una afectación regional que alcanzó decenas de sitios costeros y al menos siete áreas naturales protegidas. Más de 90 toneladas de residuos fueron recolectadas, una cifra que, lejos de dimensionar el desastre, apenas refleja la fracción visible de un problema mucho más profundo.

El petróleo no solo ensucia playas, asfixia la vida. El vertido ha puesto en riesgo el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo, un santuario de biodiversidad marina y entre los daños más graves se reportan que los sitios de anidación de la Tortuga Carey, especie en peligro crítico de extinción, han sido contaminados. Que los sistemas lagunares como la Laguna del Ostión en Veracruz y diversos manglares han sido invadidos por el crudo, alterando la química del agua y matando organismos microscópicos que sostienen la cadena trófica. También se han documentado peces, tortugas y aves cubiertos de petróleo, además de la interrupción de ciclos reproductivos de especies comerciales como el robalo, el camarón y la almeja.

Así que, en resumen, el crudo se ha infiltrado en sedimentos, ha alterado la química del agua, ha impactado organismos microscópicos y ha roto cadenas tróficas completas. Su huella no siempre es inmediata ni espectacular, pero sí persistente. Se sabe que en zonas como sistemas lagunares y humedales, los efectos pueden durar años, incluso décadas.

Frente a esto, la respuesta institucional ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente; en el peor, abiertamente negligente. Durante semanas se ofrecieron versiones contradictorias: que si el origen era natural, que si se trataba de embarcaciones privadas, que si el impacto era mínimo. Incluso cuando la contaminación ya era evidente, se insistía en que las playas eran seguras.

No es solo desinformación, es una estrategia. Minimizar el problema reduce la presión política, diluye responsabilidades y permite que el modelo que lo originó continúe intacto. Y ante la opacidad de las autoridades, una coalición de 17 organizaciones —incluyendo a Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Alianza Mexicana contra el Fracking— fue la que proporcionó la evidencia científica y satelital necesaria para desmentir la versión oficial que desde la presidenta Claudia Sheinbaum fue afirmar categóricamente en marzo que "no fue PEMEX" y que se trataba de una investigación sobre un barco privado o "chapopoteras naturales" en Cantarell. Solo tras la presión de la evidencia admitió la responsabilidad de la paraestatal, limitando las acciones a la separación del cargo de algunos funcionarios. Y, por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ha minimizado el impacto en las playas veracruzanas, priorizando la protección del turismo y la narrativa política sobre la emergencia ambiental.

La batalla también ha llegado a los tribunales. Organizaciones civiles han presentado demandas de amparo contra PEMEX y las autoridades ambientales por la omisión en la contención del derrame y la falta de transparencia. En respuesta, jueces federales han otorgado suspensiones provisionales que obligan al gobierno a realizar un monitoreo independiente, a frenar la desinformación y a ejecutar acciones de remediación inmediata en las áreas naturales protegidas afectadas.

Pero esta estrategia que también es una postura del gobierno, desde una perspectiva ecocéntrica, resulta profundamente problemática. El Golfo de México no es un recurso: es un sistema vivo, complejo, interdependiente. Cada derrame no es únicamente una pérdida económica o un incidente industrial: es una ruptura en los procesos que sostienen la vida.

La biodiversidad afectada no aparece en los comunicados. Mucho menos los ciclos reproductivos interrumpidos ni las especies desplazadas o muertas. Tampoco las comunidades humanas entre ellas las pesqueras, que dependen de esos ecosistemas y que, una vez más, fueron las primeras en alertar y las últimas en ser escuchadas. Actualmente más de 14,000 pescadores de esas comunidades se encuentran en la vulnerabilidad total. En plena temporada de Cuaresma, las comunidades han perdido sus redes por la contaminación y se han visto obligadas a suspender la pesca, recibiendo apoyos económicos que consideran insuficientes frente a la magnitud del daño a su sustento a largo plazo.

Por eso resulta difícil hablar de incompetencia como si se tratara de una falla puntual. Lo que este derrame exhibe es algo más estructural: un sistema donde la prevención es secundaria, la transparencia es opcional y la Naturaleza es prescindible. Y un derrame que inicia en febrero y se reconoce en abril no es un error, es una forma de operar.

Las preguntas que tenemos que plantearnos son: ¿Qué tipo de relación con el entorno natural queremos tener como sociedad civil? ¿Cuánta destrucción más de la Naturaleza vamos a seguir tolerándole al gobierno? Y la más importante: ¿Qué podemos hacer para contribuir a la solución? Porque mientras el modelo energético en México continúe priorizando la extracción sin garantizar condiciones reales de seguridad ecológica, estos eventos no serán excepcionales: serán inevitables. Y quizá ese es el punto más incómodo de todos, el problema no es únicamente el derrame, es la certeza de que volverá a ocurrir por la negación del gobierno a proteger la vida, para poner por encima de todo y de todos sus propios intereses. 

Entonces debemos exigir transparencia, demandar informes públicos y en tiempo real sobre el estado de la infraestructura de PEMEX. Apoyar la vía legal al respaldar los amparos ciudadanos para que la justicia obligue a una remediación integral. Hacer un monitoreo ciudadano, continuar documentando y compartiendo los hallazgos en territorio para romper el cerco informativo. Y exigir un cambio de modelo, de energías fósiles a energías limpias para cuidar a las especies y ecosistemas tanto marinos como terrestres.

Este derrame de petróleo ya se está considerando un nuevo ecocidio con daños que actualmente no podemos dimensionar ni siquiera saber hasta dónde llegará la contaminación debido a las corrientes marinas, pero no podemos dejar de alzar la voz como Consejo de Guardianes de la Naturaleza para exigirle al gobierno que repare el daño integralmente y que asuma su responsabilidad de protegernos como ciudadanos y de proteger a la Naturaleza.

Fuentes:

• Derrame en el Golfo de México se ocultó; comenzó en febrero en un ducto de Pemex, Crónica.

• El Gobierno admite ahora que el derrame se originó en instalaciones de Pemex, El País.

• Derrame de petróleo en el Golfo de México de 2026, Wikipedia.

• Derrame petrolero se extiende 600 km, AM.

• Derrame Pemex 2026: Sancionan a funcionarios tras fuga masiva, MVS Noticias.

• Tras 69 días de mentiras, Pemex admite que derrame fue su culpa, Etcétera.

• Sheinbaum muestra indiferencia y Nahle niega todo, LatinUS.

• Petróleo asfixia manglares y fauna marina en el Golfo, Leviatán.

• Derrame de petróleo en el Golfo y su impacto ambiental, Barriozona Magazine.

• Derrame en ducto de Pemex se estima en 82,000 barriles, Expansión.

Diálogo en Madrid: ¡No a las guerras!

El 23 de abril, la Casa de la Cultura de Chamberí, en Madrid, acogió un diálogo moderado por Óscar Álvarez sobre el clima actual de guerra y militarización. Los ponentes fueron la politóloga Ruth Ferrero, el economista Fernando Luengo y el filósofo Eduardo Álvarez.

Tejedores de Vida: Luz Mery Panche Chocué - Del Territorio Ancestral a la Defensa de la Vida en la Amazonía Colombiana

Luz Mery Panche Chocué. (Fotografías: suministradas por la entrevistada)

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En el corazón de la Amazonía colombiana, donde nacen los ríos y la selva marca el ritmo de la existencia, la historia de Luz Mery Panche Chocué revela los caminos de resistencia y continuidad de los pueblos indígenas más allá de sus territorios originarios. Mujer Nasa, lideresa, madre y abuela, su vida encarna el tránsito entre geografías — de los Andes caucano a la Amazonía caqueteña — sin abandonar la memoria ancestral que guía su relación con la Madre Tierra. 

Nació en el departamento del Cauca, en el resguardo Nasa Laguna Siberia, ahora vive a aproximadamente a 420 kilómetros de su terruño en San Vicente del Caguán (Caquetá), en el resguardo Nasa Altamira constituido en 1996 cuya extensión es de 10,556 hectáreas y a donde llegó hace 15 años. Habita la parte alta del resguardo donde nacen el río Caguán y el Guayas, por eso se consideran los cuidadores de estos ríos. Su resguardo no ha estado libre de tensiones con la institucionalidad estatal por lo que ellos consideran una violación de la consulta previa, un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de 1991, cuando en el año 2018 la Corporación Autónoma Regional de la Amazonia (Corpoamazonia) creó el Parque Natural Regional Miraflores y Picachos.

Aún estando en la selva conserva sus usos y costumbres, su idioma Nasa Yuwe, y donde está procura revitalizar su cultura pese a la violencia y a las condiciones sociales en las que se encuentra. Nasa significa gente, persona. En su lengua la Madre Tierra es Uma Kiwe, un ser integral que está herida por la destrucción de la selva a causa de la deforestación, el mercurio usado en la minería que contamina los ríos, y derrames petroleros como el ocurrido en 2020 en Puerto Limón Mocoa, en Putumayo que es otro departamento amazónico. 

De igual manera, Uma Kiwe ha sido violentada por actividades económicas como la ganadería extensiva. Asimismo, otras amenazas concretas para su integridad como  la explotación de hidrocarburos proyectada, en pocos años, y que teme será implementada, especialmente, por un gobierno de ultraderecha; además, las políticas de Estado que no contribuyen a su preservación y porque a pesar de que Colombia ha recibido aportes de dinero para conservarla, prevalecen modelos productivos extractivistas y los monocultivos de planta de coca para el narcotráfico los cuales atentan contra la vocación del suelo amazónico.

Ante esta realidad, Luz Mery no se queda en la queja por su realidad. Ella lucha desde abajo, en la base social, desde las organizaciones y la asociación de cabildos indígenas a los que ella pertenece en San Vicente del Caguán para confrontar lo que pudiera percibirse como un designio negativo para este departamento. 

Para hacerlo, echa mano de su cosmovisión e identidad cultural, ya que la mujer o, más que la mujer, el lado femenino de la Madre Tierra cumple un rol trascendental para mantener la armonía de la vida, la resiliencia y la resistencia ante la cultura mayoritaria que se impuso, desde hace 530 años, a través de su religión, educación y que ha agredido su cultura, idioma y su forma de pensar. Su compromiso como mujer se evidencia también en las mingas que realizan donde evalúan su papel en medio del colectivo al que pertenecen. En clave de resistencia, sus iniciativas han apostado al reconocimiento de su sistema de educación propia y a que las mujeres ocupen los lugares que como tales les corresponde en territorio amazónico para seguir aportando a esta lucha con acciones como la recuperación del idioma propio y el fortalecimiento de sus costumbres. 

El legado ancestral encarnado en una mujer

Luz Mery practica su ancestralidad a través del mambeo de la hoja de la planta de coca  que le permite conocer y entender a la selva amazónica y así contribuir a la reconciliación con la Madre Tierra como hecho primordial para la construcción de la paz en Colombia y que requiere, adicionalmente, cambiar los sistemas de producción y reordenar la vida en el territorio a partir de economías propias y el robustecimiento de un sistema de educación propia proveniente de la memoria ancestral indígena para que la humanidad aprenda -desde ese corazón tradicional- a resolver lo privado y lo planetario, antes de colapsar.

Trabajo social, territorial y político.

En la Amazonia, ella es maestra, sanadora y cuidadora, pues como otras mujeres recibió el don de parir la vida, de ordenar la casa, de preservar las semillas nativas, de promover la soberanía alimentaria, que implica cultivar y cosechar sus propios alimentos. Asimismo, junto al hombre, lo masculino de la Madre Tierra, deben realizar tareas en favor de un mismo propósito y en un acto de reciprocidad que es uno de los mensajes transmitidos por la Madre Naturaleza los cuales son claves para su sanación. 

La historia de Luz Mery Panche Chocué no es únicamente la trayectoria individual de una lideresa indígena, sino la expresión de un territorio que resiste y se reconfigura a través de la memoria ancestral. Su tránsito del Cauca andino a la Amazonía no implica ruptura, sino continuidad cultural y espiritual: una forma de habitar el mundo basada en la reciprocidad, el cuidado y la defensa de la vida. Desde Uma Kiwe, su lucha propone no sólo resistir, sino reconciliarse con ella, reordenar y sanar la relación entre la sociedad y la Madre Tierra abriendo caminos para imaginar futuros donde la vida — en todas sus formas — pueda seguir existiendo.

La Otra Cara de las Migraciones Que es Ignorada - Deliberadamente

Reparto de alimentos organizado por Oxfam en Sudán del Sur. (Foto: Pablo Tosco / Oxfam Intermón)

Este artículo fue publicado originalmente por La Marea el 6 de febrero de 2026.

Tejedores de Vida: Constanza Carvajal - Una Voz en el Territorio Ante la Gran Minería

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Hace un poco más de 20 años que Constanza Carvajal ha trabajado por los derechos humanos, como parte de su desempeño profesional, pero también como voluntaria, tanto con pueblos indígenas como con campesinos.

En Putumayo, uno de los departamentos de la Amazonia colombiana, hace parte de un movimiento social que se enfrenta contra el extractivismo multinacional de la compañía Libero Copper que llegó en 2018 — una de las empresas que ha obtenido la concesión minera desde el año 2006. La compañía cuenta con cuatro títulos mineros — una forma de blindar su operación e impedir que movimientos sociales hagan un seguimiento a su intervención nefasta en el país.

Sonriendo, en la Vereda Monclart área de uno de los títulos mineros. (Foto cortesía de la entrevistada)

Constanza hace parte de este movimiento desde hace diez años y es una de las voces que desde los territorios llevan tiempo rechazando la gran minería, o minería a gran escala denominada como “minería bien hecha” por parte de quienes usufructúan de ella. El movimiento se opone a estos proyectos debido a los efectos nocivos que tienen para la Madre Tierra, los derechos humanos, y las vocaciones agrícolas de los distintos lugares a donde llegan para explotar sin misericordia las entrañas de la tierra, pagando sueldos menores de los pagarían en sus países y generando unas regalías para Colombia que no compensan el daño que le causan a la tierra.

La comunidad ha incluido dentro de su repertorio de acción política el lobby legislativo y se logró en el año 2018 promulgar el Acuerdo municipal 020 de 2018,norma de menor jerarquía que las leyes departamentales y nacionales, que declaró la protección ecológica y cultural del patrimonio de este municipio. Sin embargo, también es vital recordar que ese mismo año la Corte Constitucional colombiana a través de la  Sentencia SU-095 de 2018  aclaró que los municipios no tienen la potestad para impedir la minería, puesto que el subsuelo es propiedad del Estado y los municipios no tienen poder de veto.

Pero a pesar de esto, Constanza y el resto de la comunidad siguen resistiendo y enfrentando a la multinacional que ha tratado de persuadirlos ofreciendo regalos y dádivas para ganarse la aprobación social por medio de su estrategia del buen vecino para disuadir la resistencia social frente a una actividad legal, pero ilegítima, y el tejido social que ha existido entre ellos.

En la cuenca alta del río Mocoa, camino ancestral Sachamates. (Foto: Camilo Barrera, cortesía de la entrevistada) 

Desde este territorio considerado parte de la estrella hídrica de Colombia y cuya explotación — una vez que obtengan la licencia ambiental — afectaría el hogar de diferentes especies de aves y mariposas que embellecen esta zona del país, siguen esperando la cancelación definitiva de los títulos por parte del gobierno. Es algo difícil de lograr ahora por cuanto la actual administración terminará en unos pocos meses y habrá elecciones en Colombia, donde desafortunadamente se espera un viraje a la derecha o extrema derecha considerando el panorama geopolítico en la región con las acciones imperialistas del presidente Trump de los Estados Unidos.

Lo que esta lideresa y sus compañeros reclaman es que la Agencia Nacional de Minería devuelva esos títulos al territorio, una posibilidad casi imposible en un país que, para proteger el extractivismo bajo el eufemismo del “desarrollo”, declaró la minería como actividad de utilidad pública e interés social según el artículo 13 de la Ley 685 de 2001. Pero pese a esa barrera legal, ellos no se rinden: siguen resistiendo para que la Madre Tierra conserve su integridad, para que las montañas respiren en paz y los minerales permanezcan quietos, enterrados en su silencio eterno, lejos de las manos que buscan arrancarlos de sus entrañas.