Tejedores de Vida: Constanza Carvajal - Una Voz en el Territorio Ante la Gran Minería

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Hace un poco más de 20 años que Constanza Carvajal ha trabajado por los derechos humanos, como parte de su desempeño profesional, pero también como voluntaria, tanto con pueblos indígenas como con campesinos.

En Putumayo, uno de los departamentos de la Amazonia colombiana, hace parte de un movimiento social que se enfrenta contra el extractivismo multinacional de la compañía Libero Copper que llegó en 2018 — una de las empresas que ha obtenido la concesión minera desde el año 2006. La compañía cuenta con cuatro títulos mineros — una forma de blindar su operación e impedir que movimientos sociales hagan un seguimiento a su intervención nefasta en el país.

Sonriendo, en la Vereda Monclart área de uno de los títulos mineros. (Foto cortesía de la entrevistada)

Constanza hace parte de este movimiento desde hace diez años y es una de las voces que desde los territorios llevan tiempo rechazando la gran minería, o minería a gran escala denominada como “minería bien hecha” por parte de quienes usufructúan de ella. El movimiento se opone a estos proyectos debido a los efectos nocivos que tienen para la Madre Tierra, los derechos humanos, y las vocaciones agrícolas de los distintos lugares a donde llegan para explotar sin misericordia las entrañas de la tierra, pagando sueldos menores de los pagarían en sus países y generando unas regalías para Colombia que no compensan el daño que le causan a la tierra.

La comunidad ha incluido dentro de su repertorio de acción política el lobby legislativo y se logró en el año 2018 promulgar el Acuerdo municipal 020 de 2018,norma de menor jerarquía que las leyes departamentales y nacionales, que declaró la protección ecológica y cultural del patrimonio de este municipio. Sin embargo, también es vital recordar que ese mismo año la Corte Constitucional colombiana a través de la  Sentencia SU-095 de 2018  aclaró que los municipios no tienen la potestad para impedir la minería, puesto que el subsuelo es propiedad del Estado y los municipios no tienen poder de veto.

Pero a pesar de esto, Constanza y el resto de la comunidad siguen resistiendo y enfrentando a la multinacional que ha tratado de persuadirlos ofreciendo regalos y dádivas para ganarse la aprobación social por medio de su estrategia del buen vecino para disuadir la resistencia social frente a una actividad legal, pero ilegítima, y el tejido social que ha existido entre ellos.

En la cuenca alta del río Mocoa, camino ancestral Sachamates. (Foto: Camilo Barrera, cortesía de la entrevistada) 

Desde este territorio considerado parte de la estrella hídrica de Colombia y cuya explotación — una vez que obtengan la licencia ambiental — afectaría el hogar de diferentes especies de aves y mariposas que embellecen esta zona del país, siguen esperando la cancelación definitiva de los títulos por parte del gobierno. Es algo difícil de lograr ahora por cuanto la actual administración terminará en unos pocos meses y habrá elecciones en Colombia, donde desafortunadamente se espera un viraje a la derecha o extrema derecha considerando el panorama geopolítico en la región con las acciones imperialistas del presidente Trump de los Estados Unidos.

Lo que esta lideresa y sus compañeros reclaman es que la Agencia Nacional de Minería devuelva esos títulos al territorio, una posibilidad casi imposible en un país que, para proteger el extractivismo bajo el eufemismo del “desarrollo”, declaró la minería como actividad de utilidad pública e interés social según el artículo 13 de la Ley 685 de 2001. Pero pese a esa barrera legal, ellos no se rinden: siguen resistiendo para que la Madre Tierra conserve su integridad, para que las montañas respiren en paz y los minerales permanezcan quietos, enterrados en su silencio eterno, lejos de las manos que buscan arrancarlos de sus entrañas.