Nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

Voices
Written by Claudia Brindis Zavala

Lake Zirahuén en Zirahuén, Michuacán, Mexico. (Foto: Blake Lavia)

El 28 de agosto de 2026, el Ejecutivo Federal en México presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa de una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, mejor conocida como LGEEPA. La Gaceta de la Cámara de Diputados la publicó el 1 de septiembre. La ley vigente se promulgó en 1988 y ha tenido alrededor de 52 reformas, así que por primera vez se propuso reescribirla desde cero.

Celebramos que se haya optado por una ley nueva y no por otra modificación superficial, pero una oportunidad histórica puede desperdiciarse si el nuevo texto repite la lógica del anterior. 

Lo que dejó la ley de 1988: avances reales, deterioro persistente

Antes de proponer, conviene mirar qué resultados dio la ley vigente. No encontré una evaluación integral y oficial de la LGEEPA en sus casi cuarenta años, así que reuní indicadores de distintas fuentes. Hablan de resultados de la política ambiental en su conjunto, no solo de la ley, pero permiten ver dónde ha funcionado y dónde no.

Lo que sí logró: un sistema de áreas protegidas

Los instrumentos de la ley permitieron que la superficie terrestre denominada como áreas naturales protegidas federales, las ANP´s pasara de 6.78% en 1990 a 10.57% en 2015 según los indicadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Hoy México cuenta con 232 ANP federales y protege 14.28% de su superficie terrestre y 23.78% de la marina. Este es un resultado que no hay que minimizar.

Lo que no logró: frenar la pérdida de ecosistemas. 

Según Global Forest Watch, entre 2001 y 2022 México perdió 4.66 millones de hectáreas de cobertura arbórea, 8.8% de la que tenía en 2000. La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) calcula, con otra metodología, una pérdida promedio de 208,850 hectáreas por año entre 2001 y 2021. Las cifras difieren porque miden cosas distintas (la primera incluye pérdidas por incendios), pero cuentan la misma historia. En 2024, México entró por primera vez al grupo de los diez países con mayor pérdida de bosques, con 330,821 hectáreas, 45% más que en 2023, en un año de incendios récord.

Una meta que sigue lejos

Para cumplir con la meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal de llegar a un 30% de conservación en 2030, la SEMARNAT reconoció que se necesitan 153 millones de hectáreas protegidas y hoy hay solamente 99 millones. Además, el indicador oficial de cobertura no refleja la eficacia ni la calidad de la protección de la biodiversidad, porque tener un polígono de territorio decretado no equivale a tener un ecosistema protegido.

Claudia Brindis habla en las "Audiencias publicas para la nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.” (Foto: Elisa Sedas-Larios)

Una brecha de capacidades

Una ley se aplica con instituciones fuertes y un presupuesto suficiente, sin embargo, para el 2025 hubo un recorte del 39.4% a la SEMARNAT. Y para el 2026, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) enfrentó un recorte del 12%, su presupuesto más bajo en 21 años, concluyendo que el sector ambiental recibió apenas 0.1% del PIB, frente al 3.7% que recomienda la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Y otro tema alarmante es la vigilancia, por ejemplo: en el estado de Nuevo León, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) tenía 9 inspectores en el 2023 para el universo de empresas de jurisdicción federal, que realizaron 96 visitas, es decir, menos del uno por ciento.

La lección

La ley de 1988 construyó instrumentos, pero faltaron metas medibles, mecanismos que obligaran a cumplirlas y recursos para aplicarlos. Una ley sin metas sin plazos ni obligaciones concretas deja el avance a la voluntad de cada administración. Por eso las propuestas deben recaer en obligaciones operativas y no solo en meras declaraciones.

El problema de fondo: una ley que protege a la Naturaleza solo por su valor utilitario

La iniciativa define el “recurso natural” como el elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio de las personas (art. 3, fr. LXVI), y en el artículo 1 para el "desarrollo sustentable" no se habla de la protección de la Naturaleza como tal. Por lo tanto, la Naturaleza queda protegida en función de su utilidad humana y no por lo que es.

Esto ya no es coherente con el país que somos. Guerrero, la Ciudad de México, Colima, Oaxaca y el Estado de México cuentan con reformas constitucionales estatales sobre los Derechos de la Naturaleza, que reconocen su valor intrínseco. Y se necesita seguir avanzando para que se reconozca a nivel federal, comenzando con una legislación secundaria que realmente proteja a la Naturaleza, sus ecosistemas y especies.

Cabe reconocer lo que la iniciativa sí incluye. El artículo 16 ya recoge los principios de precaución, interés superior del ambiente y "a favor de la Naturaleza o pro natura", y su fracción XXVII menciona los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambientales, relacionado con el Acuerdo de Escazú. Lo que falta es traducir esos principios en herramientas.

Cinco propuestas concretas

En las audiencias públicas llevadas a cabo el 28 y 29 de septiembre, varios especialistas presentamos propuestas para mejorar la iniciativa. A continuación, comparto mi propuesta que organicé en cinco ejes:

1. Reconocer a la Naturaleza en el objeto de la ley y en su glosario (arts. 1 y 3). Propuse que la ley sea reglamentaria de las disposiciones constitucionales sobre la conservación, preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente y a la Naturaleza. También propuse incorporar el enfoque ecocéntrico como criterio de interpretación y reformular la definición de recurso natural para que su aprovechamiento sostenible respete el valor intrínseco de la Naturaleza y no únicamente su utilidad para las personas. Se suman al glosario conceptos indispensables para operar este enfoque:

  • in dubio pro natura e in dubio pro aqua

  • equidad intergeneracional

  • consentimiento libre, previo e informado

  • justicia ecológica, que va más allá de la justicia ambiental porque incluye a todos los seres vivos y no solo a los humanos

2. Dotar de herramientas operativas a la política ambiental (art. 16). Los principios declarados sin mecanismos de aplicación se quedan en retórica. Por eso propuse añadir los principios de:

  • progresividad y no regresividad

  • no mercantilización de la Naturaleza

  • inversión de la carga de la prueba en procedimientos administrativos donde se alegue daño o riesgo grave

3. Traducir el Marco de Kunming-Montreal en obligaciones. México suscribió este Marco en la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica. La exposición de motivos de la iniciativa cita su meta de restaurar al menos 30% de los ecosistemas degradados para 2030, pero el articulado no la convierte en obligación, y los artículos 89 y 129 no contienen ninguna meta cuantitativa. Así que propuse incorporarlas de la siguiente manera:

  • Art. 89: contribuir a que al menos el 30% de las zonas terrestres, de aguas continentales y marinas y costeras se conserve y gestione eficazmente, con sistemas de áreas protegidas representativos, conectados, gobernados con equidad y respetuosos de los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales (Meta 3).

  • Art. 129: impulsar, en coordinación con las entidades federativas, que al menos el 30% de los ecosistemas degradados esté en restauración efectiva (Meta 2).

  • Art. 135: gestión de conflictos entre personas y fauna silvestre (Meta 4) y una meta de reducción del 50% en las tasas de introducción de especies exóticas invasoras (Meta 6).

Sin metas claras y sin indicadores el avance depende de la voluntad de cada administración, que muchas veces no continúa lo que la administración anterior ya hacía adecuadamente.

4. Elevar el estándar de participación y consentimiento (arts. 16, 175 y 239). Propuse sustituir el "consentimiento previo, expreso e informado" por el estándar más protector de consentimiento libre, previo e informado, y extenderlo a la información digital sobre secuencias de recursos genéticos y a la distribución de beneficios monetarios y no monetarios. El artículo 239 hoy protege solo a las personas defensoras de derechos humanos ambientales, así que propuse extender esa protección a quienes protegen a la Naturaleza y garantizar expresamente el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia conforme al Acuerdo de Escazú.

5. Responsabilidad empresarial (artículo nuevo). Propuse que las grandes empresas, en particular las transnacionales y las instituciones financieras, reporten periódicamente sus riesgos, dependencias e impactos sobre la biodiversidad a lo largo de sus cadenas de suministro y carteras de inversión. Así se recoge la Meta 15 del Marco, que no tiene reflejo en la iniciativa. 

Lo que otros análisis ven: coincidencias y tensiones

El 4 de septiembre, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y la Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA) publicaron sus Aspectos críticos de la iniciativa. Su análisis abarcó una preocupación distinta, la certeza jurídica y la inversión, pero coincidió con mi propuesta en puntos importantes.

Escazú. La BMA y la AMIA señalaron que el proyecto no corrige sus incumplimientos del Acuerdo de Escazú. Dan un ejemplo concreto: el artículo 245 prevé que la SEMARNAT publique el informe sobre el estado del medio ambiente solo en el último año de cada periodo presidencial, es decir, cada seis años, cuando la LGEEPA vigente exige hacerlo cada dos. Esto choca con el principio de progresividad, el mismo que propuse codificar en el artículo 16.

Evaluación de impacto ambiental. A la BMA y a la AMIA les preocupa que los plazos se compriman (de 180 a 120 días en total, y de 60 a 30 días para atender prevenciones) justo cuando se añaden análisis más complejos en la propuesta de la presidenta: servicios ecosistémicos, impactos acumulativos y modelaciones oceanográficas. Advierten que una participación reducida a mero trámite haría vulnerables las autorizaciones frente al Acuerdo de Escazú. Desde la defensa de la Naturaleza, el argumento es todavía más sólido: un plazo que no alcanza para la consulta es una consulta simulada. Coincide con esta preocupación el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), que señala que el procedimiento conserva debilidades estructurales, omite los impactos sinérgicos y residuales y abre espacios para regularizar proyectos iniciados sin autorización y sin manifiesto de impacto ambiental.

Evaluación ambiental y procedimiento administrativo 

La BMA y la AMIA advierten el riesgo de que la evaluación estratégica sirva para "preautorizar" carteras de proyectos públicos sin análisis individualizado, y proponen un esquema de evaluación en cascada, es decir, por niveles y que se prohíba expresamente sustituir la evaluación de impacto ambiental.

Cuestionan varios artículos del Título Sexto por razones de debido proceso, entre ellos las medidas anticipadas poco delimitadas, la facultad de realizar actos de procuración ambiental sin orden escrita en espacios abiertos (art. 281) y las competencias que la iniciativa asigna a autoridades locales, que a su juicio invaden la esfera de las entidades federativas.

La meta debe ser conservar el 30% del territorio

Otras de sus propuestas que generan tensión tienen una visión antropocéntrica, al permitir la minería "de bajo impacto" en subzonas de aprovechamiento de las áreas naturales protegidas y eliminar el régimen de zonas de influencia. Desde un enfoque ecocéntrico, estas propuestas debilitan precisamente la protección que la ley debería fortalecer. Si México asume el compromiso de conservar el 30% de su territorio, no puede abrir la puerta a actividades extractivas en esas áreas, por el contrario, se debe fortalecer la transparencia para dar a conocer quienes han dañado previamente la Naturaleza y afinar los procedimientos para su protección. 

Lo que está en juego

Una ley ambiental debe buscar el equilibrio y la justicia ecológica, pero mientras se siga definiendo a la Naturaleza por su utilidad, se le seguirá explotando y destruyendo. Y aunque se logre una buena ley, no basta, hacen falta metas medibles, obligaciones exigibles y recursos para cumplirlas.

México debe cumplir con los compromisos internacionales que ya asumió; reconocer el valor intrínseco de la Naturaleza; garantizar la participación real de pueblos originarios, comunidades indígenas y personas defensoras; y realmente preservar y proteger en la práctica sus ecosistemas y especies, porque nuestra supervivencia, nuestro presente y futuro están en juego, y todo eso se tiene que reflejar en la nueva LGEEPA.

Fuentes de consulta

Documentos legislativos y de análisis

Resultados de la política ambiental

Instrumentos internacionales

  • Convenio sobre la Diversidad Biológica, COP15. Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, Decisión 15/4.

  • Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). Decreto promulgatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de 2021.

Claudia Brindis Zavala

Experta a Nivel Global del Programa Armonía con la Naturaleza de Naciones Unidas . Fundadora y Coordinadora General del Consejo de Guardianes de la Naturaleza desde la Jurisprudencia de la Tierra . Co-fundadora del Movimiento de los Derechos de la Madre Tierra en México.

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