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Diego Flores, Aranza Castrejón y Miriam Huberman 10/5/26 Diego Flores, Aranza Castrejón y Miriam Huberman 10/5/26

Los Derechos de la Naturaleza en México: Del Activismo Ciudadano a la Reforma Constitucional

Tres activistas del Centro Ius Naturae destacan una iniciativa única e inspiradora para consagrar los derechos de la naturaleza en la Constitución de México por primera vez.

Hay momentos en los que defender la Naturaleza deja de significar únicamente resistir frente a una amenaza y comienza a significar imaginar cómo queremos vivir en el futuro. Para nosotros, ese momento llegó cuando comprendimos que muchas de las luchas ambientales que ocurren todos los días en México tienen algo en común: intentamos proteger la Naturaleza con herramientas jurídicas que, en muchas ocasiones, fueron construidas bajo una visión en la que el ser humano ocupa el centro de todo.

Nuestra experiencia en la defensa del territorio, particularmente desde el trabajo del Centro Ius Naturae y del Colectivo Restauremos la Laguna del Carpintero, nos ha llevado a una convicción: no basta con reaccionar cuando el daño ambiental ya ocurrió. Necesitamos transformar las leyes y normas que permiten que ese daño ocurra.

La propuesta forma parte de un camino que ya ha comenzado a recorrerse: en los últimos años se han presentado al menos diez iniciativas para incorporar este reconocimiento al texto constitucional. Sin embargo, ninguna ha logrado concretarse hasta ahora. Más que partir de cero, esta propuesta busca recoger las experiencias, avances y pendientes de esos esfuerzos previos para plantear una vía renovada hacia el reconocimiento constitucional de los Derechos de la Naturaleza en México.

Junto con el Dr. Mateo Castillo Ceja y el Mtro. Francisco Javier Camarena, de la Red Mexicana de Carta de la Tierra; la periodista Elideth Fernández y Arnold Ricalde, del Movimiento Conciencia; y los Dres. José Gilberto Garza Grimaldo y Hermes Teodoro Gonzáles de la Universidad Autónoma de Guerrero, construimos una propuesta de Reforma Constitucional que plantea modificar nueve artículos de nuestra Constitución para incorporar las bases de un nuevo paradigma jurídico: reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos.

La propuesta ya se encuentra en manos de la Presidenta de México para su consideración.

Para nosotros, llegar hasta aquí tiene un significado que va mucho más allá de haber presentado un documento jurídico. Representa el resultado de un proceso de incidencia ciudadana que comenzó mucho antes de que existiera un proyecto de reforma.

Comenzó observando lo que ocurre en nuestros territorios. Comenzó preguntándonos por qué un humedal, un bosque, un río o una laguna tienen que esperar a que alguien demuestre que su destrucción le ocasionó un perjuicio personal para poder ser defendidos. Comenzó al encontrarnos con comunidades y colectivos que llevan años intentando proteger ecosistemas que, aunque son fundamentales para la vida, continúan siendo tratados jurídicamente como recursos disponibles para satisfacer necesidades humanas.

¿Es posible construir un modelo jurídico proactivo que anticipe y prevenga la destrucción, en lugar de limitarse a reaccionar ante ella? Sostenemos que sí.

Los Derechos de la Naturaleza parten de una premisa que puede parecer sencilla, pero que tiene profundas consecuencias: la Naturaleza no debería ser protegida únicamente porque resulta útil para nosotros. Los ecosistemas son sistemas complejos que tienen sus propios procesos y ciclos. Su valor es totalmente independiente de la utilidad o el provecho económico e inmediato que los seres humanos podamos obtener. Reconocer jurídicamente este valor significa comenzar a transitar de una visión predominantemente antropocéntrica hacia una perspectiva ecocéntrica o incluso avanzar hacia una visión relacional donde no haya centros.

La alternativa surge como respuesta a la crisis planetaria donde la salvaguarda de nuestra propia existencia depende de una transición ecológica profunda que detenga la degradación de los ecosistemas y apunte a un verdadero cambio de paradigma.

Por eso creemos que esta discusión no pertenece únicamente al ámbito legislativo. Es una discusión interdisciplinaria que incluye lo ambiental, lo político, lo sociocultural y lo espiritual.

Nuestra propuesta tiene su origen en experiencias distintas. Diego y Aranza hemos trabajado desde el Derecho, la incidencia legislativa y la construcción del paradigma de los Derechos de la Naturaleza; Miriam lo ha hecho desde la defensa ciudadana de la Laguna del Carpintero y desde la experiencia concreta de enfrentarse a las consecuencias que tiene una decisión política y económica sobre un ecosistema.

Pero la iniciativa se fortaleció precisamente cuando esas experiencias comenzaron a encontrarse con otras. El trabajo de Mateo y Francisco Javier desde la Carta de la Tierra, la comunicación y activismo ambiental de Elideth, la docencia e investigación de José y Hermes y la experiencia de Arnold nos permitieron entender que ninguna transformación de esta magnitud puede ser producto de una sola disciplina. La crisis ambiental tampoco lo es.

Por eso uno de los aspectos que más valoramos de este proceso es haber comprobado que la ciudadanía puede pasar de la denuncia a la propuesta. Durante mucho tiempo hemos entendido la incidencia ciudadana como la capacidad de protestar, exigir, señalar o resistir. Todo ello sigue siendo indispensable. Pero existe otra forma de incidencia que también debemos reivindicar: la capacidad de construir las soluciones y proponer nuevas reglas.

Una problemática puede convertirse en investigación. La investigación puede convertirse en argumentos. Los argumentos pueden convertirse en una iniciativa. Y una iniciativa ciudadana puede llegar hasta la Constitución.

Eso es lo que estamos viviendo.

Lo inmenso también se agota. (Foto: Andrea Valentina)

No sabemos cuál será el destino de esta propuesta. Tampoco pretendemos presentar su llegada al ámbito federal como una conclusión. Una Reforma Constitucional requiere discusión, análisis, deliberación y participación. Sabemos que queda un largo camino por recorrer.

Pero precisamente por eso consideramos que este momento merece ser compartido, porque la propuesta ya no está únicamente en nuestras manos, está abierta a la discusión pública.

Queremos que la conozcan las organizaciones ambientales, las comunidades, las universidades, los abogados, los científicos, los jóvenes y todas aquellas personas que consideran que nuestra relación con la Naturaleza necesita cambiar. Queremos que sea cuestionada, analizada y, sobre todo, enriquecida.

La transformación constitucional que imaginamos no puede construirse desde una sola voz, tiene que ser una conversación colectiva. En tiempos en los que hablar de la crisis ambiental puede producir más angustia que esperanza, nosotros decidimos apostar por una esperanza distinta: una esperanza que se organiza, que estudia, que propone y que participa.

La llegada de esta iniciativa a manos de la Presidenta nos recuerda que las grandes transformaciones no necesariamente comienzan dentro de las instituciones. A veces comienzan con ciudadanos que deciden que aquello que parece imposible merece, por lo menos, ser intentado. Nosotros decidimos intentarlo.

No sabemos si esta será la reforma que finalmente transforme la Constitución. Lo que sí sabemos es que ya existe una propuesta sobre la mesa para discutir una nueva relación jurídica entre México y la Naturaleza. Y quizá ese sea uno de los primeros pasos para cambiar nuestra manera de entender el futuro.

Porque defender la Naturaleza no puede seguir siendo solamente defender lo que todavía queda. También significa atrevernos a construir las condiciones jurídicas, sociales y culturales para que la vida pueda seguir existiendo.

De eso se trata este camino: de pasar de la incidencia ciudadana a la Reforma Constitucional, de la defensa de nuestros territorios a la defensa de la vida y, finalmente, de dejar de pensar que la Naturaleza necesita ser protegida solamente por nosotros para comenzar a reconocer que nosotros también formamos parte de ella.

Claudia Brindis y Diego Flores 5/1/26 Claudia Brindis y Diego Flores 5/1/26

Ecocidio en el Golfo de México por el Derrame de Petróleo

Mientras el modelo energético en México continúe priorizando la extracción sin garantizar condiciones reales de seguridad ecológica, estos eventos no serán excepcionales; serán inevitables.

Creditos: a las comunidades y medios en México por mostrar la verdad en estas imágenes.

Hay una forma particularmente grave de violencia que rara vez se nombra: aquella que se ejerce contra la Naturaleza, al reducirla a cifras, informes técnicos y comunicados cuidadosamente redactados. El reciente derrame petrolero en el Golfo de México con impactos visibles en las costas de Veracruz y Tabasco, es un ejemplo contundente de esa violencia pero, sobre todo, de la normalización institucional que la permite, y aunque todavía no se ha reconocido este derrame como un ecocidio, las evidencias se siguen ocultando.

Y no estamos frente a un accidente aislado. Lo ocurrido responde a una lógica conocida: infraestructura deteriorada, supervisión insuficiente y una reacción gubernamental más preocupada por administrar la narrativa que por contener el daño.

Los indicios del derrame comenzaron a registrarse entre el 6 y el 8 de febrero de 2026. No fue el Estado quien dio la alerta, sino imágenes satelitales y observaciones técnicas externas. Durante 69 días, el origen fue negado o atribuido a "filtraciones naturales" y "buques privados" y el crudo se expandió sin que existiera un reconocimiento claro de su origen. Fue hasta mediados de abril cuando finalmente se admitió que la fuga provenía de instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la Sonda de Campeche, cerca de la plataforma Akal-C.

Ese lapso —más de dos meses— no es un detalle menor. Es el periodo en el que el petróleo avanzó, se dispersó, penetró ecosistemas y alteró dinámicas biológicas cuya recuperación, en muchos casos, es incierta o simplemente imposible. Y aunque el impacto inicial se centró en Veracruz y Tabasco, ha alcanzado también las costas de Campeche y Tamaulipas.

Y cuando la realidad se volvió inocultable, la mancha de crudo y el daño ya se habían extendido por más de 630 kilómetros de litoral. No se trató de una mancha puntual, sino de una afectación regional que alcanzó decenas de sitios costeros y al menos siete áreas naturales protegidas. Más de 90 toneladas de residuos fueron recolectadas, una cifra que, lejos de dimensionar el desastre, apenas refleja la fracción visible de un problema mucho más profundo.

El petróleo no solo ensucia playas, asfixia la vida. El vertido ha puesto en riesgo el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo, un santuario de biodiversidad marina y entre los daños más graves se reportan que los sitios de anidación de la Tortuga Carey, especie en peligro crítico de extinción, han sido contaminados. Que los sistemas lagunares como la Laguna del Ostión en Veracruz y diversos manglares han sido invadidos por el crudo, alterando la química del agua y matando organismos microscópicos que sostienen la cadena trófica. También se han documentado peces, tortugas y aves cubiertos de petróleo, además de la interrupción de ciclos reproductivos de especies comerciales como el robalo, el camarón y la almeja.

Así que, en resumen, el crudo se ha infiltrado en sedimentos, ha alterado la química del agua, ha impactado organismos microscópicos y ha roto cadenas tróficas completas. Su huella no siempre es inmediata ni espectacular, pero sí persistente. Se sabe que en zonas como sistemas lagunares y humedales, los efectos pueden durar años, incluso décadas.

Frente a esto, la respuesta institucional ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente; en el peor, abiertamente negligente. Durante semanas se ofrecieron versiones contradictorias: que si el origen era natural, que si se trataba de embarcaciones privadas, que si el impacto era mínimo. Incluso cuando la contaminación ya era evidente, se insistía en que las playas eran seguras.

No es solo desinformación, es una estrategia. Minimizar el problema reduce la presión política, diluye responsabilidades y permite que el modelo que lo originó continúe intacto. Y ante la opacidad de las autoridades, una coalición de 17 organizaciones —incluyendo a Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Alianza Mexicana contra el Fracking— fue la que proporcionó la evidencia científica y satelital necesaria para desmentir la versión oficial que desde la presidenta Claudia Sheinbaum fue afirmar categóricamente en marzo que "no fue PEMEX" y que se trataba de una investigación sobre un barco privado o "chapopoteras naturales" en Cantarell. Solo tras la presión de la evidencia admitió la responsabilidad de la paraestatal, limitando las acciones a la separación del cargo de algunos funcionarios. Y, por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ha minimizado el impacto en las playas veracruzanas, priorizando la protección del turismo y la narrativa política sobre la emergencia ambiental.

La batalla también ha llegado a los tribunales. Organizaciones civiles han presentado demandas de amparo contra PEMEX y las autoridades ambientales por la omisión en la contención del derrame y la falta de transparencia. En respuesta, jueces federales han otorgado suspensiones provisionales que obligan al gobierno a realizar un monitoreo independiente, a frenar la desinformación y a ejecutar acciones de remediación inmediata en las áreas naturales protegidas afectadas.

Pero esta estrategia que también es una postura del gobierno, desde una perspectiva ecocéntrica, resulta profundamente problemática. El Golfo de México no es un recurso: es un sistema vivo, complejo, interdependiente. Cada derrame no es únicamente una pérdida económica o un incidente industrial: es una ruptura en los procesos que sostienen la vida.

La biodiversidad afectada no aparece en los comunicados. Mucho menos los ciclos reproductivos interrumpidos ni las especies desplazadas o muertas. Tampoco las comunidades humanas entre ellas las pesqueras, que dependen de esos ecosistemas y que, una vez más, fueron las primeras en alertar y las últimas en ser escuchadas. Actualmente más de 14,000 pescadores de esas comunidades se encuentran en la vulnerabilidad total. En plena temporada de Cuaresma, las comunidades han perdido sus redes por la contaminación y se han visto obligadas a suspender la pesca, recibiendo apoyos económicos que consideran insuficientes frente a la magnitud del daño a su sustento a largo plazo.

Por eso resulta difícil hablar de incompetencia como si se tratara de una falla puntual. Lo que este derrame exhibe es algo más estructural: un sistema donde la prevención es secundaria, la transparencia es opcional y la Naturaleza es prescindible. Y un derrame que inicia en febrero y se reconoce en abril no es un error, es una forma de operar.

Las preguntas que tenemos que plantearnos son: ¿Qué tipo de relación con el entorno natural queremos tener como sociedad civil? ¿Cuánta destrucción más de la Naturaleza vamos a seguir tolerándole al gobierno? Y la más importante: ¿Qué podemos hacer para contribuir a la solución? Porque mientras el modelo energético en México continúe priorizando la extracción sin garantizar condiciones reales de seguridad ecológica, estos eventos no serán excepcionales: serán inevitables. Y quizá ese es el punto más incómodo de todos, el problema no es únicamente el derrame, es la certeza de que volverá a ocurrir por la negación del gobierno a proteger la vida, para poner por encima de todo y de todos sus propios intereses.

Entonces debemos exigir transparencia, demandar informes públicos y en tiempo real sobre el estado de la infraestructura de PEMEX. Apoyar la vía legal al respaldar los amparos ciudadanos para que la justicia obligue a una remediación integral. Hacer un monitoreo ciudadano, continuar documentando y compartiendo los hallazgos en territorio para romper el cerco informativo. Y exigir un cambio de modelo, de energías fósiles a energías limpias para cuidar a las especies y ecosistemas tanto marinos como terrestres.

Este derrame de petróleo ya se está considerando un nuevo ecocidio con daños que actualmente no podemos dimensionar ni siquiera saber hasta dónde llegará la contaminación debido a las corrientes marinas, pero no podemos dejar de alzar la voz como Consejo de Guardianes de la Naturaleza para exigirle al gobierno que repare el daño integralmente y que asuma su responsabilidad de protegernos como ciudadanos y de proteger a la Naturaleza.